por José A. Marimán * y Esteban Valenzuela*
¿Hay una violencia legítima y justa frente a otra opresora, cruel y aterradora atribuible al enemigo? La pregunta con que abrimos este artículo tiene plena vigencia hoy, cuando la Araucanía se ve inmersa en un nuevo ciclo de violencia, que ha cobrado la vida de dos personas (chilenos descendientes de colonos). Mientras, aunque no se diga públicamente, los mapuche aparecen asociados a este hecho, en calidad de ejecutores del crimen (comunidades mapuche están siendo allanadas en busca de culpables). El lenguaje de las autoridades, encabezadas por el Presidente, una comitiva de ministros, políticos de la administración, más parientes y cercanos a las víctimas, habla de: “terroristas”, del “hecho terrorista” y de la aplicación de “la ley anti-terrorista”. Y terrorista en la Araucanía hoy equivale a mapuche.
Cinco años antes de este lamentable y condenable suceso, en un lugar muy cercano al sitio del incidente de hoy, un activista mapuche y universitario: Matías Catrileo, cayó herido de muerte por una bala disparada a su espalda, por un carabinero que cuidaba los bienes de un miembro de la familia Luchsinger. Carabinero que entorpeció la investigación dando al comienzo versiones mentirosas del suceso, y que luego sería condenado por la propia justicia militar por acto criminal. Nunca vivió pena aflictiva ejemplar por el asesinato y hoy sigue trabajando en la institución, amparado en la impunidad. Asunto que entrega el mensaje a la opinión pública y particularmente mapuche, de que la ley NO es igual para todos; a diferencia de lo que afirma ufanamente Carolina Parot, en una entrevista a CNN-Chile (01/04/2013)[1], porque en la práctica “hay algunos más iguales que otros”. La madre de Catrileo expone esa idea como sigue: “Cuando mataron a Matías no salió nadie dando declaraciones de que era horroroso” el crimen. Ciertamente, asesinato tan lamentable y condenable como el que hoy nos conmueve.
La historia de la convivencia de los Luchsinger con los mapuche en la zona en que se desarrollaron ambos hechos (y que es la historia de la constitución del latifundio en territorio y tierras mapuche), lejos de presentar episodios idílicos, como alguna vez lo quiso perfilar Jorge Luchsinger en entrevistas a “Qué Pasa” (06/2005), fue una de usurpación para los mapuche como lo expone Martín Correa en su trabajo: “El origen de las tierras en conflicto”. El Estado chileno no solo expolió el territorio indígena, sino que permitió por omisión en sus funciones o por complicidad directa, que las tierras en reducciones entregadas en Títulos de Merced, fueran robadas por latifundistas-colonos de todos tipo, ayudados por la policía y jueces corruptos.
Las broncas de hoy en la Araucanía no son el resultado de algún idiota que amaneció con el pie izquierdo, y desea que otros la pase tan mal como él por “pura mala leche”, o porque tiene una mente pervertida y violenta. Sino el resultado de más de un siglo de injusticias acumuladas que no encuentran salida, a manos de políticos que tienen la obligación de buscarla y no lo han hecho. La constitución de la propiedad en “La Frontera” se hizo sobre la base del robo y el saqueo a un pueblo (está en su memoria), que fue condenado de esa forma a vivir en la pobreza.
Correa nos muestra los métodos con que los Luchsinger fueron apropiándose de las tierras mapuche anexas a su propiedad original (60 hás. que terminaron en más de 1.000), al estilo de una política de fronteras abiertas o “destino manifiesto” (característica de la expansión al occidente de Estados Unidos). Y hubo incluso acciones peores, como quemar rucas con familias dentro (tal como lo ocurrido hoy nos escandaliza), o matar mujeres y niños y dejar sus cuerpos colgados con maderos ensartados en sus anos y vaginas (el testimonio de Lara, Crónica de la Araucanía, 1889).
Se ha recordado hasta el cansancio que desde la Independencia, el Estado portaliano, centralista, homogenizador y autoritario- sin legitimidad y consenso constitucional de los pueblos (regiones) y naciones (etnias)-, no ha pactado en base al reconocimiento real (cultural, económico y político), con el pueblo mapuche. Uno de los últimos intentos fue el encabezado por Bernardino Pradel y Vicuña Mackenna en el año 1862, pidiendo poder territorial autónomo en las conversaciones de una delegación de viejos lonkos con el Presidente José Joaquín Pérez, Talca y Arauco-Malleco se habían sumado activamente a la rebelión regionalista de 1859, encabezada por Atacama. Al igual que en norte, en el sur la respuesta fue la represión. Los mapuches querían, como siempre, recuperar su autoridad desde el Río Bío-Bío que les reconocía la Corona el Tratado de Negrete a fines del siglo XVIII. No hubo acuerdo y vino la violencia de la mal llamada “pacificación de la Araucanía”. El conflicto vuelve una y otra vez. El poder que teme elegir gobiernos regionales, también ve con pavor la posibilidad de crear territorios mapuches amplios, pensar en una Región de la Araucanía ampliada y con autoridad intercultural, como ocurre en muchos países con sus pueblos/naciones originarias (Nueva Zelanda y los maoris, Dinamarca y los esquimales, Canadá, etc). En Chile crece la rabia y las violencias en el conflicto, pero no ha existido lógica política: distensión, amnistía, diálogo, devolución de poder, reconocimiento, negociación, transformación de la realidad para integrar con dignidad.
Nunca ha habido tentativa sería de parte del Estado y sus políticos, en un siglo de convivencia entre grupos étnicos diferentes en la Araucanía ( y en particular desde el retorno a la democracia), para resolver el problema que el propio Estado creó, al incorporar militar y políticamente a la Araucanía en la forma en que lo hizo (violenta); sin reconocer la propiedad de los primeros habitantes, ni sus derechos colectivos a la reproducción cultural, y al autogobierno sin coerciones. Mientras se sigan ensayando soluciones con leyes indígenas que no han resuelto en más de un siglo el problema, áreas de desarrollo que no desarrollan a nadie, o iniciativas de emprendimiento –léase Plan Araucanía- que no hacen prosperar a nadie; seguiremos donde estamos. Y en consecuencia, tendremos que irnos acostumbrado al hecho de que las nuevas generaciones de mapuche, se muestren menos pacientes que sus antepasados inmediatos, y busquen resolver en los hechos (ocupando de hecho las tierras que sienten suyas), lo que no resuelve el Estado y el derecho, que en Chile parece estar inspirado en la vieja idea de “conquista”. Es decir, se seguirá combatiendo la fiebre en las cabezas de algunos en la Araucanía, rompiendo termómetros para no abordar las causas profundas.
La vía de escuchar a la gente y acceder a las soluciones que ellos mismos proponen, como la devolución masiva de tierras usurpadas en el pasado (este gobierno no ha hecho nada en términos de avanzar en ese sentido), la autonomía o empoderamiento de las sociedad indígenas y de la población regional, para crear nuevas condiciones de entendimiento (un nuevo contrato social en que las partes concuerden y no que a una le sea impuesto todo como ha ocurrido hasta ahora), es una alternativa a ensayar. Nada se pierde en el intento.
Comenzamos este artículo con una pregunta y para cerrarlo es bueno volver a ella, para recordarles a aquellos que ven en la violencia la solución a los problemas, que no estamos de acuerdo con su premisa. Sea esa violencia de origen fascistoide, como se desprende del ultimátum de 24 horas para actuar, que dieron algunos latifundistas al gobierno solo una semana antes, anunciando que saldrían a cazar mapuche (ya lo hicieron durante el golpe en la vuelta de mano a la reforma agraria); o sea “revolucionaria”. En este último caso, si bien podemos comprender que la desesperanza puede inducir a pensar que la “violencia justa” frente a otra opresora es legítima; nosotros creemos que atentar contra la vida humana no ennoblece a nadie y al contrario tiende a hermanar en la barbarie a quienes acusan al “otro” como el malo.
En los días pasados, aunque no se haya mencionado, muchos dedos apuntaban a la CAM como probable responsable del ilícito. Y a la CAM, que se había ganado el derecho a ser sospechosa, debido a su apología a la autodefensa y promoción de la figura del weichafe/guerrero (“…en los últimos años, se ha desarrollado la política de construcción de órganos de resistencia territoriales, basado en la figura de los weichafe, que han dado continuidad a la lucha, después de un periodo de reflujo, siendo un elemento subjetivo muy importante para el desarrollo de nuevos conflictos y la continuidad de otros”, Llaitul, entrevista 11/11/2012)[2], no le ha quedado más salida que desmentir cualquier insinuación. Y lo ha hecho a través de una declaración (Comunicado, 08/01/2013)[3], que muestra la precaria situación en que se encuentra como organización, en la cual los mandos históricos –hoy presos y preocupados de su propia situación de DD.HH.- han terminado sobrepasados por activistas más radicales.
Promover la violencia, aunque sea en forma defensiva, creativa y revolucionaria; por más virtuosa que se nos presente, entra en la lógica de la lucha militar. Con la declaración de la CAM, podríamos estar ante la validación de una reflexión que sugiere, que es fácil iniciar a adolescentes o jóvenes en ideas militaristas; pero cuando se pone en marcha la violencia nunca se sabe finalmente dónde pueda parar. De la autodefensa a la ofensiva hay una línea tenue e invisible fácil de transgredir, particularmente cuando las organizaciones entran en crisis, como la retratada en la declaración de la CAM, que nos habla de que los caballos se han desbocado y ya no hay control sobre ellos.
Con todo, y sin incriminar a nadie (tarea que corresponde a la justicia), otro escenario es posible y lo hemos sostenido ya en un artículo previo en El Mostrador: El diálogo. Pero no cualquier diálogo. No esos de consultas no vinculantes y donde ni siquiera se va escuchar si no a dar lecciones a manos de “expertos”. Hablamos de diálogos como esos entre el gobierno y la guerrilla colombiana hoy (del cual el mismo gobierno de Chile es garante haciendo de facilitador). Es decir, diálogo entre entes que se ven a sí mismos como sujetos políticos de respeto. Mientras ese diálogo no se dé la no violencia activa y la desobediencia civil pueden expresar la resistencia, pero nunca la violencia, en la cual los mapuche tienen más que perder, como lo muestra la historia. Sobre todo frente a fuerzas militares que han mostrado a la sociedad chilena más que sobradamente, que pueden atropellar los DD.HH. y matar en la impunidad total.
[1] CNN Chile 01/04/2013:http://www.youtube.com/watchfeature=endscreen&NR=1&v=0Qrg2d2CDEM
[2] http://www.elclarin.cl/web/index.php?option=com_content&view=article&id=6457%3Ahector-llaitul-longko-en-prision-explica-propositos-de-la-cam-liberacion-nacional-es-la-estrategia-mapuche-&catid=7%3Aentrevista&Itemid=8
________________________________________________________________________
Esteban Valenzuela, VT, Doctor en Historia U. Valencia, Director de Ciencia Política y RR. II. U. Alberto Hurtado. Articulo publicado también en ElMostrador: http://www.elmostrador.cl/opinion/2013/01/09/araucania-violencia-y-dialogo-politico/
