Juan Ignacio Latorre. Director del Centro de Reflexión y Acción Social CREAS, U. Alberto Hurtado.
Nicolás Rojas Pedemonte. Coordinador de Investigación del Área Social Jesuita. CREAS, Universidad Alberto Hurtado.
Cuando la sociedad civil activa su sentido crítico y su participación en la comunidad política, como en los últimos años en Chile, la publicación de los programas de gobierno de los candidatos presidenciales (su proyecto –más o menos elaborado– de sociedad), suscita considerables expectativas. Los períodos electorales pueden transformarse en una oportunidad para el debate y, en definitiva, para que la sociedad se reflexione a sí misma. Específicamente, en democracias con límites a la participación ciudadana, los períodos electorales constituyen un espacio episódico, una ventana para la deliberación, el contraste de ideas y, en algunas ocasiones, para el cambio social. Sin embargo, si estas oportunidades no se reconocen como tales y la sociedad no interpela a sus representantes, el período electoral puede transformarse básicamente en una grotesca arena romana de “pan y circo”. Ciertamente, la democracia no debiese reducirse al sufragio ni al período electoral, pero las elecciones son su máxima celebración y es, precisamente, cuando la clase política es, en apariencia, más permeable a las demandas ciudadanas.
En el actual contexto electoral, el reciente 29 de septiembre los candidatos presidenciales recibieron un conjunto de propuestas de políticas concretas derivadas del trabajo de las Mesas Hurtadianas (CREAS, 2013). El documento entregado condensó los planteamientos de diversos actores, líderes sociales y académicos, convocados para reflexionar variadas problemáticas a la luz del pensamiento de San Alberto. Nosotros, las organizaciones ligadas a la obra de San Alberto, la Universidad Alberto Hurtado, la revista Mensaje, la Fundación Alberto Hurtado, el Santuario del Padre Hurtado y las obras del Área Social Jesuita (Hogar de Cristo, Ciudadano Global, Infocap, TECHO y Misión Mapuche), quienes impulsamos esta iniciativa, derechamente hemos interpelado a la clase política con estas propuestas y hoy asumimos la legítima responsabilidad de hacer públicas nuestras inquietudes sobre aquello que los candidatos ofrecen a nuestra sociedad. En esta oportunidad nos centraremos en una de las tres temáticas prioritarias abordadas en las Mesas Hurtadianas 2013, el “conflicto mapuche” . Brevemente a continuación se presentarán las ideas fuerza y las propuestas contenidas en el documento entregado a los candidatos. Posteriormente se evaluará la resonancia de éstas en los programas de gobierno y se expondrán ciertas interrogantes y desafíos que el escenario actual suscita.
Las propuestas entregadas a los candidatos presidenciales desde las Mesas Hurtadianas 2013 fueron diversas, sin embargo, es posible indicar las más relevantes. El documento presentado destacó la necesidad de respetar los acuerdos internacionales que Chile ha contraído respecto a derechos indígenas, derivando de éstos una serie de principios y propuestas. Apelando a la normativa internacional, se exige el reconocimiento de la soberanía y de los derechos colectivos de los mapuche sobre el territorio del Wallmapu y sus recursos, y acabar, por su parte, con la represión judicial y policial que las Naciones Unidades reiteradamente ha denunciado. Por lo demás, en términos culturales se demanda oficializar el mapudungun, desarrollar una educación intercultural y reconocer el ejemplar Buen Vivir (Kume Mogen), como eje articulador de la cultura y las reivindicaciones del pueblo mapuche. Frente a las dificultades evidenciadas por el actual sistema político y económico para hacer efectivos estos derechos, se propone concretamente una nueva Constitución que reconozca a Chile como un Estado plurinacional, y la instauración del territorio mapuche como una región que goce de autonomía política, con parlamento y autoridades locales. En esta región se instaurarían mecanismos de consulta que evitarían la concentración del poder y la cooptación de los líderes comunitarios. Así mismo se oficializarían los idiomas y símbolos nacionales chilenos y mapuche en el marco de una educación intercultural. Finalmente se enfatiza que si bien la reparación del daño histórico al pueblo mapuche requiere de políticas culturales, de desarrollo productivo y de la reconfiguración del sistema político y judicial, la condición sine qua non para la resolución del conflicto es la restitución del territorio en disputa. Se sugiere la restitución de territorios por parte del Estado y, de no haber acuerdo entre las partes involucradas, recurrir a la expropiación en pos de la paz social y del el bien común.
En definitiva, la propuesta entregada a los candidatos se orienta a hacer efectivos los derechos indígenas consagrados internacionalmente a partir de un nuevo modelo autonómico que reconozca las iniciativas ya desarrolladas por los propios mapuche en su territorio y aprenda de experiencias probadas, como por ejemplo, la española. En última instancia, mediante este nuevo modelo político administrativo se espera que el pueblo mapuche pueda contar legítimamente con su habitación en la gran casa de Chile y a la vez poder sentarse en la gran mesa, donde cabríamos todos. Esta propuesta, que apela al desarrollo de un marco político institucional moderno, se aleja así tanto de visiones asimilacionistas, como de aquellas de corte separatista. En efecto, tal como lo corrobora la reciente “Primera Encuesta de Relaciones Interculturales” (PNUD, 2013), las actitudes preeminentes entre el propio pueblo mapuche distan mucho de un peligroso “fundamentalismo comunitario”, es decir, no atentan contra la convivencia democrática. No deja de ser significativo que, según este estudio, los mapuche hayan fortalecido su identidad étnica en los últimos 10 años en complemento con una valoración mayoritaria de la democracia como la mejor forma de gobierno (61,6% de los mapuche así lo cree, frente a 56,1% de los no mapuche y 40% de los aymaras). Contraria a la imagen difundida por los medios, recientes estudios (Cf. De la Maza y Marimán, 2013 & PNUD, 2013) indican que el pueblo mapuche mayoritariamente se autoafirma sin negar al otro y como sujeto ve con optimismo sus relaciones interétnicas, su convivencia con los no mapuche: el conflicto no sería, por lo tanto, con el pueblo chileno, sino específicamente con ciertas empresas forestales y terratenientes. Precisamente, la posibilidad de un arreglo institucional donde los mapuche alcancen su autonomía y autodeterminación en el marco general de un Estado chileno plurinacional, se ve favorecida por la efectiva mejoría de sus relaciones interétnicas con los no mapuche en los últimos 20 años y por el fortalecimiento tanto de su identidad indígena, como de sus convicciones democráticas (no confundir con conformidad frente al limitado marco institucional democrático imperante). La pacífica convivencia en la Araucanía no es imposible: el próximo gobierno debe restituir el territorio despojado, reformular la organización política y administrativa de la región, reconocer el camino autonómico ya desarrollado por el pueblo mapuche y tener en cuenta su favorable disposición a la convivencia democrática.
Una revisión acuciosa de los programas de gobierno, de los debates y de los discursos de los candidatos a la Presidencia, ha revelado cierta presencia de las propuestas de las Mesas Hurtadianas. Partiremos por mencionar aquellas propuestas que alcanzan consenso. Salta a la vista que todos los candidatos coinciden en cumplir con la normativa internacional sobre derechos indígenas, incluso aquellas dos candidatas de las coaliciones que sistemáticamente la han incumplido mientras han sido gobierno. Ciertamente, este amplio consenso representa un gran avance y es motivo de celebración. Sin embargo, resulta justificado cierto grado de escepticismo. Efectivamente, la clase política chilena, aquella que tardó hasta el año 2008 para ratificar el convenio 169 de la OIT (los primeros países en ratificarlo, México y Noruega, lo hicieron en 1990), ha mostrado serias inconsistencias y falta de compromiso en el resguardo de los derechos indígenas. Resulta ineludible recordar que los gobiernos “post-autoritarios” sistemáticamente han hecho caso omiso de sus obligaciones contraídas con respecto al trato con los pueblos originarios y de la condena internacional frente a las arbitrariedades cometidas. Cuando el ex Presidente Ricardo Lagos fue visitado e interpelado en 2003 por su amigo Rodolfo Stavenhagen, en ese entonces Relator Especial de la ONU sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, los más optimistas jamás pensaron que aún en el año 2013 la represión judicial y policial contra el movimiento mapuche persistiría, ni que el actual Relator Especial, James Anaya, insistiría sin éxito en los mismos puntos que sus predecesores. Efectivamente, no resulta extraño que aquella clase política que más ha resistido al reconocimiento de los derechos de los pueblos originarios sea la más negligente en su aplicación. La historia reciente nos muestra que las soluciones al conflicto no se alcanzarán únicamente gracias a simpatías, buenas voluntades y protocolos internacionales, sino mediante fuertes convicciones y determinaciones políticas por parte de nuestros líderes y representantes. Esperamos con optimismo que, por un lado, las últimas dos coaliciones gobernantes, luego de judicializar y reprimir ineficazmente el conflicto, reconozcan la lección y opten en los próximos años por resguardar -desde o fuera de La Moneda- los derechos indígenas ya reconocidos internacionalmente. Y por otro, esperamos también que el resto de los candidatos que abogan por el movimiento mapuche y por el respeto a la normativa internacional, actúen consecuentemente si les toca -o no- gobernar en el próximo período.
Otro aspecto que alcanza consenso en las propuestas programáticas de los candidatos es la oficialización de mapudungun en la región de la Araucanía. Ciertamente, sería un importante paso, pero necesario de dar junto con la implementación de un modelo educativo intercultural. Reciente información cuantitativa (PNUD, 2013) y cualitativa (De la Maza y Marimán, 2013) identifica en el mundo educativo el espacio de mayor discriminación para los mapuche. Sin embargo, no todos los candidatos reparan en la necesidad de una transformación de fondo para hacer efectivos los derechos culturales de los mapuche. Y es que precisamente en las transformaciones estructurales es donde comienzan a expresarse las discrepancias y ambigüedades. Todos ofrecen oficializar el mapudungun y respetar los acuerdos internacionales sobre derechos indígenas, pero no coinciden en cómo garantizarlos institucionalmente e incluso varias propuestas omiten cualquier referencia clara a la modalidad que aplicarían.
Cuando se trata de garantizar el cumplimiento de la normativa internacional todos se pronuncian a favor pero, por ejemplo, respecto al fin de la represión policial y judicial, algunos enmudecen o simplemente no atacan la base del fuego. Por cierto, se celebra que Bachelet, Enríquez-Ominami y Roxana Miranda, propongan explícitamente acabar con la represión. No obstante, es tan necesario dejar de aplicar la Ley Antiterrorista como acabar con los testigos protegidos (secretos), el principal obstáculo para el debido proceso judicial en el “conflicto mapuche”. Por otro lado, lamentamos que programas como el de Matthei y Parisi estimen que el cumplimiento de compromisos internacionales, como el Convenio 169 de la OIT, se limita a la creación de un Consejo de los Pueblo Originarios, restructurar la CONADI, brindarle espacios en el parlamento a los mapuche, pedirles su opinión (no darles voto) y sacarlos de la pobreza mediante proyectos de desarrollo productivo. Ciertamente, muchas de estas iniciativas serían provechosas, pero el Convenio 169 de la OIT desafía los marcos institucionales de cada sociedad para buscar nuevas modalidades que garanticen la soberanía y la autodeterminación de los pueblos originarios sobre sus territorios ancestrales, sus tierras y recursos. El desafío está en elaborar un marco institucional que reconozca a Chile como un espacio diverso, plurinacional, donde los mapuche se reconozcan como la principal de nuestras primeras naciones, usando la noción canadiense. Se trata de pensar en un sistema político-administrativo que reconozca a los mapuche como ciudadanos, pero también como sujetos de derechos colectivos en aquella región que han habitado ancestralmente.
Es motivo de optimismo que en todas las candidaturas de izquierda y centro-izquierda, incluida la de la ex presidenta Bachelet, se incluya el reconocimiento constitucional de los mapuche. Sin embargo, sólo las propuestas de Claude, Miranda y Enríquez-Ominami reconocen explícitamente la necesidad de reescribir el marco constitucional en pos de la autodeterminación mapuche y el reconocimiento de Chile como un Estado plurinacional. Este compromiso también podría identificarse en las propuestas de Bachelet, sin embargo, redunda extensamente en ambigüedades conceptuales. De cualquier modo, asumimos que Bachelet se refiere a la creación de una Región Autónoma de la Araucanía cuando menciona la creación de “regiones con gobiernos autónomos” y la instauración de un “Estado Pluricultural con estatutos especiales de autonomía”. De no ser así, le agradeceríamos que nos lo rectifique hoy antes de las elecciones. No nos gustaría verla comprometida con algo que no quiso decir y luego vernos en la obligación de demandarlo. Así también suponemos que se compromete con la instauración de Chile como un Estado Plurinacional cuando habla de un “Estado Pluricultural”. Esperamos que haya sido sólo una confusión conceptual, y no un retroceso hacia una discusión anticuada de los noventa, entre aquellos que aún no se atrevían a reconocer la plurinacionalidad al interior del Estado chileno.
Desde las escuetas propuestas programáticas de Matthei, Parisi y Jocelyn-Holt no es posible suponer adhesión a la instauración de un Estado plurinacional ni al otorgamiento de autonomía regional, mientras que en las propuestas de Sfeir e Israel aparecen ciertos puntos de convergencia. La “soberanía local de los recursos” en las propuestas ecologista de Sfeir y regionalista de Israel, ciertamente, evidencia importantes coincidencias con el modelo autonómico presentado desde las Mesas Hurtadianas a los candidatos. De tal manera, se evidencia que la administración democrática y local del territorio y sus recursos se sitúa como una necesidad sentida entre la gran mayoría de los candidatos (6 de 9 candidatos), salvo en los tres que podrían situarse del centro a la derecha en el espectro ideológico (Jocelyn-Holt, Parisi y Matthei).
Valoramos que Sfeir y Miranda incluyan en su proyecto de país el Buen Vivir mapuche, el Kume Mogen, que hemos destacado en nuestras propuestas. Estamos seguros que si el resto de los candidatos hiciera un mayor esfuerzo por conocer de cerca la cultura mapuche también incluirían el Buen Vivir como principio articulador de sus proyectos políticos. Seguramente, entenderían con claridad los efectos no beneficiosos del monocultivo y de la introducción masiva de pino y eucaliptus en la región: emigración, pobreza local, deterioro ecológico y espiritual, entre otros. De cualquier modo, estas primeras menciones al Kume Mogen nos parecen un paso importante al reconocimiento del aporte que la cosmovisión y la experiencia mapuche pueden significar para la conformación de un Chile nuevo, plurinacional, democrático y sustentable. Nos parece un valioso avance en la introducción de un principio hasta ahora ausente en la agenda política. Con todo, lo que sí nos preocupa, es que una política crucial para resolución del conflicto como la restitución territorial, aún muestre ambigüedades, incluso en las propuestas de los candidatos que manifiestan mayor sintonía con la causa mapuche.
Si bien la restitución territorial es una propuesta recurrente entre los candidatos de izquierda y centro-izquierda y se reconoce como medida imperiosa para la resolución del conflicto, son pocos los que entregan claridad sobre cómo y cuánto se restituirá. Claude y Miranda son los más concretos al especificar que devolverán los territorios en disputa mediante cuantiosos “fondos” e, incluso el primero, incluye la alternativa de las expropiaciones. Mientras tanto, Sfeir manifiesta sin tintes medios que devolverá todos los territorios despojados al pueblo mapuche. Aun cuando los planteamientos de Enríquez-Ominami harían suponer la restitución de los territorios, su programa no hace especificación alguna al respecto. Por su parte, Bachelet, en su extenso programa de gobierno, se detiene en el tema, pero sin arrojar una idea clara de cuántas hectáreas se restituirán ni qué mecanismo utilizará. Se limita a sostener que respetarán los acuerdos asumidos de restitución de “tierras” y que se evaluarán mecanismos alternativos a la compra.
Difícil tarea para los electores inclinarse por un candidato u otro. Aquellos más concretos en sus propuestas muchas veces no las desarrollan suficientemente, mientras quienes abordan con mayor extensión los temas de fondo esgrimen una serie de artilugios retóricos, situando sus ideas entre amplios márgenes de ambigüedad. Preocupación real genera que aquellos que lo prometen todo sea tan reacios a explicar el cómo, el cuánto y el cuándo en unas breves pero necesarias líneas explicativas. Además siembra profundas interrogantes la ambigüedad de quienes se toman el tiempo para sólo expresar que, en definitiva, no tienen nada concreto que ofrecer y no saben aún qué harán en la hora de. Simplemente, esperamos que el próximo presidente o presidenta tenga la determinación y el compromiso real de desarrollar las transformaciones que este histórico conflicto demanda. Sabemos que los gobiernos están cada vez más expuestos a la constante interpelación de la ciudadanía, y con seguridad Chile experimentará transformaciones. Esperamos que estas transformaciones sean tan profundas como el conflicto en el territorio mapuche lo exige y que de una vez nuestros representantes se comprometan con un Chile nuevo, inclusivo y solidario como soñó San Alberto. Hoy les pedimos dejar atrás los artilugios y el gatopardismo de nuestra peor política, para impulsar cambios transformadores y no retoques que sólo garanticen que todo siga igual. Pero también les aseguramos que de no escuchar las profundas demandas ciudadanas los conflictos no se detendrán. Estamos seguros de que en estos últimos años la sociedad chilena se ha hecho más democrática y solidaria y hoy es tiempo de que las instituciones y la clase política respondan a estos vientos de cambio.
Referencias:
-CREAS (2013). Mesas Hurtadianas 2013. Santiago: Centro de Reflexión y Acción Social. Universidad Alberto Hurtado. Versión digital disponible en
http://creasfile.uahurtado.cl/Mesas%20Hurtadianas%202013%20%28completo%29.pdf
-PNUD (2013). Primera Encuesta Relaciones Interculturales. Santiago de Chile: Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo.
-De la Maza, Francisca y Marimán, José (2013). “Los Mapuche del sur de Chile y sus elaciones interculturales”. En Durston, John (Coord.). Pueblos originarios y sociedad nacional en Chile: La interculturalidad en las prácticas sociales. Santiago de Chile: Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo.
Santiago de Chile, 15 de noviembre de 2013.
