Por Luis García-H sj.
Frente al candidato Piñera la Concertación hablaba del “gobierno de los empresarios”. Sin embargo, el gobierno actual puede llegar a ser el peor para los grandes empresarios, y por un tema que probablemente pasará colado en los medios de comunicación. Resulta que ayer el Relator Especial de la ONU sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas envió sus comentarios a la “Propuesta del Gobierno de Chile para una Nueva Normativa de Consulta y Participación Indígena”. Así, el Convenio 169 de la OIT amenaza con ser el dolor de cabeza más grande de los millonarios chilenos (empresas forestales y pesqueras) y las transnacionales (mineras y energéticas). Bien lo sabía la derecha que se opuso con fuerza por 20 años a que este convenio fuera aprobado.
Hace pocos días, en la cena anual del Consejo Minero, su presidente, Joaquín Villarino, en presencia de Sebastián Piñera, Jean Paul Luksic y otros magnates; había expresado su preocupación por las consecuencias del Convenio 169 de la OIT, criticando que los tribunales ordenen la paralización de proyectos por estar reñidos con esta normativa internacional suscrita por Chile.
Los comentarios del Relator a la propuesta del Gobierno de Chile para la consulta indígena son una fuerte crítica a la perspectiva transaccional para beneficio mutuo, que se quería imponer frente a proyectos de inversión en territorio indígena o frente a proyectos de ley que de alguna manera los afecten. El documento es claro: la consulta a los pueblos indígenas se inscribe dentro de lo que son los derechos humanos, y se establecen criterios que dejan poco espacio a la interpretación y a la restricción de tales derechos. El Relator no dice nada nuevo en materia de derechos indígenas, pero lo importante es que se lo dice oficialmente al Gobierno de Chile, frente a una petición explícita del Gobierno.
Entre los comentarios del Relator, vale la pena destacar, por ejemplo, su insistencia en que cualquier proyecto de ley que les afecte debe ser consultado antes de elaborarse una propuesta, y durante todo el proceso. No se trata de que se reciba a indígenas que den sus propuestas en una audiencia, sino de que los proyectos deben elaborarse en conjunto, en vistas a llegar a un acuerdo, y no en condiciones de desequilibrio de poder. Al respecto se citan explícitamente la Ley de Pesca y la Ley de Fomento Forestal (actualmente en comisión en el Parlamento). También se plantea que los Códigos de Minería, de Concesiones Geotérmicas y de Aguas deben establecer mecanismos de consulta indígena. No basta, como pretendía el gobierno, con los mecanismos de participación local que ya hay en las leyes sectoriales. Hay elementos tan claros sobre lo que se entiende por territorio indígena que, por ejemplo, será necesario contradecir el dictamen de la Corte Suprema que permite la construcción de represas Hidroeléctricas en Pilmaikén. También difícilmente se podría llegar a hacer el ducto que pretende Celco en Valdivia. Por otro lado, especialmente relevante para los proyectos de inversión es que se separa lo que es la indemnización por daños de lo que es el derecho a la participación en el reparto de los beneficios.
En caso de no llegarse a acuerdo en las consultas, queda muy limitada la capacidad del Estado para tomar decisiones por propia cuenta, y se critica duramente la argumentación de que los “intereses del país” priman por sobre los derechos indígenas (esta es una cita textual a E. Frei cuando impuso las centrales en Ralco). Otro tema interesante en el que se insiste es que el sujeto de la consulta no pueden ser “individuos” indígenas, sino los Pueblos Indígenas en cuanto tales, a través de sus instituciones representativas.
El documento es largo y quedará desconocido para la opinión pública, pero sin duda ya está siendo estudiado con detención no sólo por el gobierno sino por los abogados de los más grandes grupos económicos que operan en Chile.
Queda por verse si el Gobierno de Chile acatará todo lo planteado por el Relator ONU. De ser así, habrá que cambiar el logo de campaña de Sebastián Piñera por “Millonarios, se les acabó la fiesta”. De no acatarse, los Pueblos Indígenas tienen un elemento más para decir que la fiesta no sólo es ilegítima éticamente, sino además ilegal.
Acá el link del documento completo:
